El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, exhibió el modus operandi del ciudadano Enrique Toro Ferrer, quien, mediante amparos y cuyas pruebas son documentos apócrifos, intentó confundir a la ciudadanía sobre una supuesta suspensión de la construcción del parque Primavera Oaxaqueña en el espacio que ocupa la exfábrica de triplay. 

“Sabedores que tienen documentos apócrifos, insisten en entorpecer proyectos que son buenos para el pueblo de Oaxaca, estaban acostumbrados a ser mercenarios de gobiernos anteriores, pero las cosas cambiaron”, señaló Vásquez Sagrero en conferencia de prensa. 

Según los documentos presentados por Toro Ferrer, la y los ciudadanos: María Elena Medina, Jesús Adrián Velásquez Ramírez y Daniel Sierra López, son los dueños de los polígonos que suman casi 12 hectáreas, pero casualmente a todos los representa Toro Ferrer.

En el caso de María Elena Medina, el ciudadano Toro Ferrer promovió un juicio de amparo en contra del decreto expropiatorio el pasado mes de septiembre de 2023, sin embargo, la persona falleció el 18 de marzo de 2022, lo que significa que Toro Ferrer representa a una persona fallecida, por lo tanto, ese poder ni siquiera tuvo efectos jurídicos.

Además, el poder que presentó Enrique Toro Ferrar nunca fue firmado por la finada, “la falta de firma es la nada jurídica”, agregó el Consejero Jurídico. El mismo notario, Arturo David Vásquez Urdiales que realizó el supuesto poder, aclaró que María Elena Medina nunca firmó el documento, lo que significa que jamás externó su voluntad.  

En el caso del otro presunto dueño de los terrenos, Jesús Adrián Velásquez Ramírez, se demostró que Toro Ferrer tramitó un juicio de carácter civil en el Juzgado de Teposcolula, donde demandó el otorgamiento de contrato bajo la promesa de compraventa. Al final, la jueza de Teposcolula operó en favor de Toro Ferrer y ordenó que se hiciera una escritura pública a favor del prestanombre, Jesús Adrián, la cual realizó el notario Rogelio Chagoya Romero.

Cabe mencionar que Chagoya Romero presentó ante la Consejería Jurídica un escrito en el que certificó que dicha escritura pública carece de valor oficial, de igual forma el Consejero Jurídico reveló que ese mismo notario certificó en los últimos meses todas las pruebas que presentó Toro Ferrer en sus amparos contra el Gobierno de Oaxaca. 

Respecto a Jesús Adrián Velásquez Ramírez, también tramitó un juicio de amparo que fue desechado; hasta hoy, el Gobierno del Estado no ha sido llamado a juicio, sabedores que se tramita una queja en contra del desechamiento, por lo que se estará atento a lo que se resuelva, y para el caso que se ordene que se admita el amparo, hasta ese momento se podrá comparecer a defender la legalidad del decreto. 

Finalmente, en el caso de Daniel Sierra, otro “representado” de Toro Ferrer, quien también presentó su amparo con una cédula catastral inexistente, de acuerdo con el titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), Gilberto Melo Guzmán.

El director del ICEO abundó que ya existen dos denuncias por este caso, una por la vía administrativa sancionadora ante la Secretaría de Honestidad, Función Pública y Transparencia y otra por la vía penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Anticorrupción.

La cédula catastral presentada por Daniel Sierra carece de folio, no existe en los expedientes y sistema del ICEO, además de estar firmada por una exservidora pública que desempeñaba el cargo de Coordinadora de Enlace Municipal, puesto que en ese momento era carente de facultades y acceso a firmar este tipo de documentos. 

Melo Guzmán detalló que la exfuncionaria compareció ante la Secretaría de Honestidad, donde desconoció su firma y negó el acto, lo que dejó al descubierto parte de la red de corrupción y de cómo operaban en los anteriores gobiernos los órganos encargados de los registros de los inmuebles, lo que permitió que creciera el Cartel del Despojo.

La caída de Toro Ferrer

El pasado miércoles 31 de enero, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil y Administrativa de Oaxaca declaró infundado el recurso de queja 62/2024 promovido por el ciudadano Enrique Toro Ferrer en contra de la negativa de concederle la suspensión provisional para detener la construcción del Centro Cultural, Deportivo y de Manejo Ambiental denominado parque Primavera Oaxaqueña, el cual se construye donde estaba la fábrica de triplay, y un día después el Juzgado Cuarto de Distrito le negó la suspensión definitiva contra el decreto de expropiación.

El Tribunal Colegiado de Circuito señaló que no se puede conceder la suspensión provisional a Enrique Toro Ferrer porque el Decreto Expropiatorio del 17 de julio de 2023 emitido por el Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, garantiza los derechos humanos a un medio ambiente sano y al libre esparcimiento. 

Con sustento en los principios jurídicos de precaución en materia ambiental e “in dubio pro natura”, los magistrados ordenaron que se continúe con la construcción del Parque Primavera Oaxaqueña, por lo tanto, durante el tiempo que dure el juicio, la construcción del complejo continuará en favor de las y los oaxaqueños.