Desde 2022, México mantiene en “pausa” las relaciones diplomáticas con España
La solicitud de nacionalidad o residencia legal en España por parte Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado polémica tanto en México como en medios internacionales.
La controversia se desató tras su visita reciente al Consulado de España en la Ciudad de México, donde, según información inicial, habría solicitado la nacionalidad española.
Sin embargo, eldiario ABC Noticias reveló que en realidad la académica únicamente pidió información para tramitar una residencia legal por motivos académicos, sin que hasta el momento se haya iniciado formalmente el procedimiento, según fuentes de la Embajada de España citadas por el medio.
Mudarse a España
Gutiérrez Müller tiene ascendencia española, con raíces familiares en Castilla y Cataluña. En caso de concretarse la residencia legal, se mudaría a España a partir de septiembre próximo y sus actividades académicas incluirían viajes por diversas naciones de la Unión Europea.
¿Quién vetaría la nacionalidad española a Beatriz Gutiérrez?
En España, la nacionalidad puede obtenerse por distintas vías: residencia, opción, carta de naturaleza o vínculos con la comunidad sefardí, entre otras. Todas las solicitudes son evaluadas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que puede denegar el trámite si no se acredita residencia legal, buena conducta o integración social, entre otros factores.
El caso ha generado particular atención debido a que Gutiérrez Müller fue una de las principales promotoras, durante el sexenio de López Obrador, de la exigencia de que la Corona española ofreciera disculpas a México por la Conquista. La negativa de España derivó en una “pausa” en las relaciones diplomáticas declarada por el entonces presidente en 2022, la cual sigue vigente en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum.
La nacionalidad, en definitiva, no solo se otorga con base en el cumplimiento de la ley, sino también en función de la oportunidad política. Y en ciertos casos, como el que hoy ocupa la atención pública, esa decisión puede estar más cerca de una señal diplomática que de un trámite burocrático.
En síntesis, el Ministerio de Justicia puede denegar la solicitud si no se cumplen con los requisitos legales. La Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pueden emitir informes reservados que afecten la valoración del expediente.
El Consejo de Ministros tiene la última palabra en la carta de naturaleza, mientras que la Audiencia Nacional solo puede intervenir si se demuestra una ilegalidad manifiesta. El rey de España, finalmente, sanciona formalmente la decisión sin capacidad de alterarla.
Fuente: Publimetro
