Como lo demanda el pueblo de Oaxaca, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de
actuar con responsabilidad, total apego a la ley y cero tolerancia a la impunidad en cada uno de los
asuntos que le corresponde resolver, como es el caso del homicidio, en su modalidad de ejecución
extrajudicial, en agravio del joven estudiante Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y de lesiones
hacia Christopher J.R.M.; estos hechos han causado consternación a nivel nacional.

Cabe resaltar que el asunto fue judicializado el pasado tres de septiembre, en donde se libraron
órdenes de aprehensión contra varios elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino,
las cuales fueron ejecutadas el mismo día contra dos elementos policiales. Ambos señalados como
presuntos responsables de los hechos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en
su modalidad de ejecución extrajudicial, y lesiones; el primero, es un tipo penal recién creado en la
legislación oaxaqueña.

Al respecto, el Poder Judicial informa respecto al proceso en curso, que se concedieron cinco meses
para el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público, y se impuso a los dos policías
municipales imputados como medida cautelar la prisión preventiva, al encontrarse elementos
suficientes para esta etapa procesal que permiten actualizar los tipos penales mencionados.

En estos momentos, el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y al
concluir el tiempo establecido la Fiscalía General del Estado deberá formular acusación para
continuar con las demás etapas del proceso penal; es decir, la intermedia, y posteriormente el juicio
oral, donde se sancionará a los responsables de los delitos.

Para el Poder Judicial del Estado es prioritario aplicar todo el rigor de la Ley a responsables de
delitos que atentan contra la integridad y la vida. Con esta encomienda, en la administración de la
magistrada Berenice Ramírez Jiménez, se trabaja en instrumentos, políticas, y acciones que
involucran a diversas áreas en pro de buenas prácticas, como un aspecto fundamental en la
institución, en la ruta de consolidar una justicia sensible, incluyente y accesible, con responsabilidad
social.

Lo anterior, pugnando porque en todos los procesos se cumplan de manera eficiente los principios
del debido proceso, y que bajo el principio de igualdad procesal se les dé a todas las partes la
oportunidad de ejercer su derecho a la prueba y a la contradicción.