Con una visión humanista y solidaria, el Poder Judicial del Estado puso en marcha la política pública “Justicia Migrante”, la tercera diseñada en la actual administración que preside la magistrada Berenice Ramírez Jiménez y la primera en su tipo en los Poderes Judiciales de México, a través de la cual se dará seguimiento a casos de competencia de la institución y se acercarán los servicios que brinda a oaxaqueños radicados en Estados Unidos, sin que tengan que salir de territorio norteamericano poniéndose en riesgo de deportación.

En el marco de la presentación de sus objetivos y alcances, en la que intervinieron de forma virtual representantes de las comunidades de migrantes en Filadelfia, New Jersey, Nueva York y Washington, se informó que esta política consiste en cinco acciones: la creación de la línea telefónica Justiciatel Migrante con número 800 719 2232 y la creación de la oficina especial del Centro de Justicia Alternativa, para la resolución de conflictos mediante el diálogo, en la modalidad virtual.

Así también, la participación de la Defensoría Pública del Estado comenzando la promoción de juicios a distancia y la intervención mediante medios remotos del Juzgado Especializado para dictar Órdenes de Protección.

En su intervención, en presencia de la subconsejera de lo Contencioso, Lilia del Carmen Contreras Ramírez, quien asistió con la representación del Gobernador Salomón Jara Cruz; de la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura local y del director general de la Defensoría Pública, Marcelo Merino García; la Magistrada Presidenta puntualizó que ante las severas acciones en materia migratoria implementadas por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, es tiempo de demostrar nuestra unidad, fuerza y compromiso.

“Oaxaca se pone a la vanguardia y levanta la mano marcando la pauta en la protección de los derechos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Con este esfuerzo, extiende una invitación a todos los Poderes Judiciales del país para que generen acciones de esta naturaleza que garanticen justicia, dignidad y acompañamiento a quienes más lo necesitan. Juntos, podemos construir un sistema más inclusivo y humano, donde ninguna persona migrante se sienta desprotegida”, apuntó.

En presencia también de la directora de Migración Oaxaqueña, Karla Sosa Ramírez, la magistrada resaltó que en un contexto donde los cambios en la aplicación de leyes migratorias generan temor y desprotección, es fundamental brindar orientación, apoyo y crear estrategias para garantizar sus derechos humanos y su acceso a una vida digna ya que solo a través de un enfoque integral y humanitario se podrá construir un entorno más justo y equitativo para las personas migrantes.
En su oportunidad, la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez resaltó la importancia de la política pública “Justicia Migrante”, al ser un compromiso profundo con dignidad humana en un mundo donde la migración toca a millones, por lo que es de gran trascendencia garantizar que cada persona, sin importar su origen, tenga acceso a la justicia de manera efectiva y sin barreras.

Asimismo, el Director General de la Defensoría Pública destacó que en la administración estatal actual una prioridad es concentrar esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y como parte de este esfuerzo se ha capacitado a más de cien jóvenes hablantes de diferentes lenguas indígenas para brindar apoyo en casos jurídicos que lo requieran.

Los representantes de la comunidad migrante Édgar Ramírez Pérez, radicado en Filadelfia; Felipe Santos, quien reside en Nueva York y el fundador y presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero, celebraron esta iniciativa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación con quienes han salido de su estado natal buscando mejores oportunidades y necesitan de orientación y apoyo.