• La diputada Mariana Benítez Tiburcio hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso oaxaqueño para garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

En el marco del “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad” que se conmemora cada 12 de septiembre, la diputada independiente Mariana Benítez Tiburcio, hizo un llamado desde el Congreso al gobierno estatal y municipios, así como organismos autónomos para que diseñen e implementen políticas públicas para visibilizar y atender las necesidades, así como la doble discriminación que viven las mujeres con capacidades diferentes.

“Las barreras físicas, comunicacionales, de información y actitudinales, así como en el acceso a los espacios públicos, a los servicios y los recursos, generan situaciones de exclusión perpetuando relaciones de dependencia y limitaciones en el acceso a la salud, educación, recreación y al ámbito laboral, entre otros espacios vitales”, indicó la legisladora.

La congresista oaxaqueña detalló que según el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 11 millones de mujeres con discapacidad o con algún problema o condición mental, de las cuales 3 millones 734 mil que representan el 52% son mujeres y 3 millones 433 mil son hombres lo que representan el 48% del total.

“El no encontrar empleos remunerados y de calidad, suele generar dependencia económica de su entorno, lo que puede llevar a las mujeres con discapacidad a ser víctimas de situaciones de violencia, muchas veces no denuncian estos hechos por el miedo a la pérdida de los vínculos y provisión”, externó. 

De igual manera, la diputada Mariana Benítez Tiburcio señaló que las mujeres con discapacidad viven más violencia, además que los refugios existentes en un 80 por ciento no son accesibles, lo que ejemplifica que los servicios de atención a la violencia de género contra las mujeres no están pensados para este sector.

Por otra parte, la legisladora expuso que en materia de educación las mujeres con discapacidad tienen un menor nivel de escolaridad, debido a que solo logran asistir a la educación básica el 79 por ciento de las niñas y adolescentes; mientras que el 20 por ciento asisten a educación superior y sólo 4 por ciento logran terminan la universidad.

La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio expuso que la barrera de la comunicación, permite que la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad se perpetúe en el tiempo, como sucedió en el caso de la adolescente Jessica originaria de Tapachula, Chiapas, quien tenía parálisis cerebral y cuya familia se enteró cuando ya tenía 5 meses de embarazo y a quien las autoridades de salud de le negaron el aborto, debido a que la Ley penal solo permitía el aborto por violación hasta los primeros 90 días de gestación.

“En el contexto anterior, celebro que el pasado 6 de septiembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los artículos de Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario, avances como estos en materia de los derechos a la autonomía reproductiva de las mujeres, benefician a muchas mexicanas como Jessica, a los que la Ley les impone barreras para ejercerlos”, recalcó.

“Es de suma importancia que las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la mujer transversalicen la discapacidad para poder brindar atención hacia esa población”, concluyó.